IX Asamblea IU

Coherencia socialista y democracia interna

Aprender del pasado para preparar el futuro

Alberto Arregui (Permanente Federal de IU), Henar Moreno (Coordinadora de IU-la Rioja), Víctor Domínguez (Consell Politic de EUPV y del Consejo Político Federal de IU) y Esther López Barceló (Consejo Político Federal de IU)

29 de mayo de 2008                                                                                                        

Los resultados electorales del 9 de marzo presiden el desarrollo de la IX Asamblea Federal de Izquierda Unida. La necesidad de una fuerza que defienda una alternativa de izquierdas frente al PP y al PSOE está fuera de duda, y su potencial es evidente incluso con el mal resultado de los últimos comicios cuando casi un millón de personas dieron su respaldo a nuestra organización. Los mismos dirigentes que, prácticamente desde su fundación, encabezan a la organización en distintos ámbitos se aprestan a una nueva pugna que apunta a darnos más de lo mismo. Frente a ellos no podemos conformarnos con exigir una renovación o que se “escuche más” a la base, ni declaraciones abstractas a favor del socialismo o la democracia interna, ni la reivindicación de un pasado en ocasiones mitificado, nos ayudaran a encontrar una salida del laberinto. Debemos preguntarnos si antes abogamos por la transformación socialista de la sociedad y pretendimos una organización democrática, una asamblea tras otra, ¿por qué entonces fracasó y por qué ahora puede salir bien? Aún menos encontraremos soluciones en cambios de siglas. La inmensa mayoría de los dirigentes de IU lo son del PCE, y los conflictos que laceran ambas organizaciones son similares y con las mismas raíces. Sin un análisis concreto de la actuación de nuestra organización y del contexto político que ha atravesado a lo largo de estos años, no podremos realizar un diagnóstico de las raíces de sus problemas. No existe ningún bálsamo de Fierabrás, la única terapia eficaz es someter a la más despiadada crítica la experiencia de veintidós años, con sus aciertos y errores, y actuar en consecuencia, si no queremos contribuir a un cierre en falso de esta crisis que sufre IU.

Primera parte

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Los resultados de las elecciones generales se han convertido en el catalizador de una crisis ya muy prolongada en el tiempo. En realidad, lo sucedido el 9 de marzo ha puesto en consonancia la representación de IU en el Parlamento con el estado interno de la organización, una situación que no variaría sustancialmente si hubiéramos repetido los mismos resultados de 2004. La militancia de IU lleva años alejándose de su organización, retrayéndose a casa o “refugiada” en los movi­mientos sociales, desencantada con su organización, con sensación de impotencia para cambiar las cosas no ya en la sociedad si no en su propia casa.

Los resultados electorales

Poco aprenderemos lamentándonos de la dinámica bipartidista o de la ley electoral, pues éstos, lejos de ser un fenómeno imprevisto ni mucho menos un “tsunami”, han sido constantes para nosotros desde que existimos, y seguirán siéndolo. Sin duda, que una fuerza con casi un millón de votos sólo tenga derecho a dos diputados en el Parlamento es una buena ocasión para volver a denunciar la ley electoral, pero ésta no nos sirve para entender qué nos ha pasado, ni un cambio de la misma sería ninguna garantía para el futuro por si sola. Sin embargo, no constituyó un obstáculo para que llegáramos a tener 21 diputados en 1996 o 17 en 1993. La cuestión es qué política y métodos ha propuesto nuestra dirección para afrontar esa realidad.

La derrota del PP ha sido una noticia muy positiva que muestra el potencial de la izquierda. Pero nuestros resultados dan testimonio de que se ha producido un debilitamiento de la izquierda, precisamente por su flanco izquierdo.

A diferencia de 2004, a estas elecciones hemos llegado con una derecha en la  calle y una izquierda prácticamente paralizada, mirando cada vez con más escepticismo hacia sus organizaciones. La actuación del PSOE ha tenido la particularidad de indignar a la derecha y desalentar a la izquierda. La propia dirección socialista, en lugar de tratar de movilizar en torno a reivindicaciones que conectaran con su base social, optó por poner sordina a las mismas y buscar el voto de centro. Baste recordar su actitud ante la cuestión del aborto. En lugar de movilizar por la educación pública, hizo concesiones a la concertada para que no protestaran, contribuyendo a perpetuar la mala situación del sistema educativo público y a desanimar a los sectores más comprometidos del mismo. Exactamente lo mismo sucede en otros terrenos como el sanitario, etcétera.

Esa política no le granjea ni el apoyo del centro ni la amistad de la patronal, como ha puesto de relieve el resultado electoral, en el que no le ha arrebatado ni un voto al PP. Todo lo contrario, desorienta a la izquierda y alienta a la derecha, que pide más. El ejemplo paradigmático nos lo brinda la Iglesia, nunca mejor financiada ni nunca más beligerante. En realidad, el gobierno fracasa en los temas más destacados: el Estatut —que le provoca una fuerte caída electoral en Catalunya en las últimas autonómicas— y en el proceso de paz. Y leyes como la de dependencia carecen de los recursos suficientes para entusiasmar a nadie.

Por eso, el factor determinante de la victoria socialista en estas elecciones hay que buscarlo fundamentalmente en la repulsa al PP entre el voto tradicional de la izquierda, mayoritariamente trabajador. A lo que hay que sumarle el rechazo a la política de viejo centralismo españolista del PP, que han sido decisivas para los buenos resultados del PSOE en el País Vasco y en Catalunya El problema es que ese mecanismo no va a funcionar siempre. No lo hizo con Felipe González ni lo hará con Rodríguez Zapatero. La dirección socialista se las promete muy felices por los resultados y la crisis desatada en el PP tras la segunda derrota consecutiva. Sin embargo, el panorama no es nada alentador. La caída económica se está mostrando mucho más seria de lo que el Gobierno ha dicho durante los últimos meses y, en un tema tan importante como el conflicto vasco, Rubalcaba reconocía que nos enfrentábamos a un nuevo ciclo largo de violencia. Estos dos temas, decisivos para cualquier gobierno, presentan al inicio de la legislatura una tesitura radicalmente distinta de la anterior.

En ese contexto, la política de «oposición exigente e influyente» de la dirección que encabezaba Llamazares ha contribuido a la desmovilización, de la que IU ha sido su primera víctima. Nuestra debilidad institucional —tres diputados coaligados con los dos de ICV nunca podían ser «decisivos»— sólo podía compensarse con una política que combinase el respaldo al Gobierno frente al PP con la denuncia implacable a sus concesiones a la burguesía y la movilización en torno a una alternativa. Eso no se lograba elogiando los presupuestos de 2007 porque habíamos logrado incrementarlos en poco más de un 1%, sino denunciando la falta de un giro social que jamás se ha producido. Tampoco respaldando una ley de Dependencia que carecía de presupuesto suficiente y que abría las puertas a una nueva fuente de financiación de la empresa privada. A cambio de pequeñas concesiones, generábamos una falsa ilusión de que estábamos contribuyendo a un giro a la izquierda, mientras nuestra organización perdía filo opositor y renunciaba a ejercer de oposición de izquierdas “eficaz e influyente” en el movimiento.

No obstante, sería injusto responsabilizar a Llamazares en exclusiva del descalabro. El ahora único diputado de IU, sólo ha actuado con los mismos criterios que nos llevan a participar en el Tripartit de Catalunya, el Gobierno Vasco o en determinados ayuntamientos de Madrid o Andalucía con el PSOE, aunque privaticen y lesionen los derechos de los trabajadores. En las elecciones municipales, la mayoría de la dirección federal respaldó la conclusión de que a pesar de que perdíamos votos, ganábamos poder institucional porque éramos más decisivos. Vana ilusión que se ha esfumado como un espejismo en las generales.

Los antecedentes de la crisis

La crisis de IU viene de lejos. El primer batacazo electoral se da en las europeas de 1999 y se ratifica en las generales de 2000. En aquel entonces se llega a un acuerdo con el PSOE de unidad de la izquierda, el pacto Almunia-Frutos, sobre la base del programa en el que nos comprometíamos a respaldar el Plan de Estabilidad de la UE (Maastricht) o los compromisos con la OTAN, a cambio de promesas sobre tomar medidas para reducir el tiempo de trabajo —que no se concretaban— o aumentar el gasto sanitario incorporando la salud buco-dental en la Sanidad Pública. El error no era abogar por la unidad de la izquierda, todo lo contrario, sino hacerlo a costa de renunciar a un programa de izquierdas.

El rechazo a la OTAN y a Maastricht eran temas centrales de IU. Incluso este último tema había sido uno de los protagonistas del conflicto con Nueva Izquierda, que abogaba por darle un respaldo crítico, ¿ahora les íbamos a dar la razón de facto a cambio de entrar en un par de ministerios? Semejante acuerdo contibuyó más a movilizar a la derecha que a entusiasmar a la izquierda. En esas elecciones, las del año 2000, perdimos en torno a la mitad de nuestros electores.

¿Qué debía haber hecho IU? Desde luego abogar por un acuerdo de unidad de la izquierda, pero fundado en medidas claramente de izquierdas: Salario mínimo digno, eliminación de los contratos basura empezando por las ETTs, incremento drástico de la protección por desempleo para que alcanzara al 100% de los parados, aumento del gasto social hasta alcanzar la media europea y eliminación de las medidas que permitían las privatizaciones o la entrada de la gestión privada en lo público, de tal forma que garantizaran la viabilidad y mejora de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales públicos, el cierre de las bases militares de la OTAN. Obviamente, la dirección socialista jamás hubiera aceptado un acuerdo en esa línea, por que no deseaba realizar una política similar, pero ella habría tenido que rechazarlo y para todo el mundo hubiera quedado clara la coherencia de IU. Esas medidas hubieran sido vistas con simpatía por la mayoría de votantes socialistas y habrían visto mal que el PSOE no las aceptase. En 1993, el rechazo de Felipe González al acuerdo de Gobierno que le ofreciera Julio Anguita y su opción por CiU tuvo un efecto claramente favorable para nuestra organización.

Claro que esa propuesta no hubiera funcionado si no iba acompañada de una medida más; garantizar sin condiciones el apoyo al candidato socialista frente al de la derecha. No permitimos un gobierno de la derecha, pero no nos comprometeremos con una política lesiva para los intereses de los trabajadores ni ayudaremos a disfrazarla ante sus ojos. Esa era la otra pata de esa política que hubiera dejado meridianamente claro que nuestra apuesta por la unidad de la izquierda era sincera y que nadie era más firme adversario de la derecha que nosotros. Eso suponía diferenciar nítidamente la opción de entrar en un gobierno, que sólo se justificaba en base a un programa coherente, del apoyo en la investidura, tras el cuál se pasaba a ejercer una oposición por la izquierda.

Sin embargo, desde entonces hemos entrado en todos los gobiernos en los que ha habido ocasión, a nivel autonómico y municipal, y hemos seguido en ellos a pesar de que estos apliquen políticas reaccionarias para los trabajadores.

La época de las “dos orillas”

¿De dónde había surgido este afán por entrar en gobiernos a cualquier precio con el PSOE, y con otros? En realidad, fue casi una reacción instintiva a la dinámica contraria. IU nació y creció en una época de profunda crisis del PSOE, que abandonó en todos los terrenos la defensa de las ideas socialistas. De hecho, IU surge de la basta movilización contra la entrada en la OTAN. El referéndum que sancionó la entrada española en la Alianza Atlántica contó con 7 millones de votos en contra. Ahí estaba el campo de desarrollo de IU, y creció llegando a más de 2,6 millones de votos en 1996, el momento álgido. Felipe González, a lo largo de 13 años en el poder, llevó a cabo una drástica reconversión industrial que dejó a cientos de miles de trabajadores en la calle, proceso que desató enormes luchas y que fue duramente reprimido. Introdujo severas contrarreformas laborales que institucionalizaron el empleo basura —con la contratación temporal, la ampliación de las causas de despido por motivos económicos, la creación de las ETTs, el abaratamiento del despido—, recortó las prestaciones por desempleo y abrió las puertas a las privatizaciones. González se enfrentó a cuatro huelgas generales en sus más de 13 años de gobierno. Fueron los años de la corrupción —FILESA, Roldán…— y de la guerra sucia contra ETA y el movimiento abertzale con los GAL. En 1993, hay una profunda crisis económica y el paro alcanza su cifra récord.

El enorme rechazo entre los sectores más avanzados de la izquierda y la clase obrera a la política de Felipe González fue el caldo de cultivo para el crecimiento de IU, pero también propició el desarrollo de una idea equivocada: PSOE y PP son prácticamente lo mismo. La teoría de las “dos orillas” que en principio diferenciaba entre “ser” y “estar” —el PSOE no era de derechas, pero sí estaba en la misma orilla que la derecha— se convirtió en la práctica en la idea general de que ambas fuerzas eran idénticas. En aquel entonces era un sentimiento generalizado en la militancia de IU. La propia dirección socialista, decidida a destruir IU a cualquier precio, propiciaba ese rechazo con sus acusaciones de la “pinza” entra IU y el PP.

El problema es que el desgaste del PSOE en el Gobierno y el crecimiento de IU alimentó unas enormes expectativas en los dirigentes de IU, que veían cercana la posibilidad de sobrepasar al PSOE, pero la impaciencia y su análisis del PSOE les llevó a cometer errores de bulto con acuerdos con el PP o permitiendo gobiernos de la derecha en diferentes ámbitos.

En las elecciones autonómicas andaluzas de 1994, IU-CA logró 20 diputados autonómicos frente a 45 del PSOE que perdía la mayoría absoluta, pero fue incapaz de aprovechar esa oportunidad.¿Qué se hizo? Se pactó con el PP para tener la Presidencia del Parlamento, contribuyendo más a dar un argumento a las acusaciones de la “pinza” de los dirigentes socialistas que a reforzar nuestro apoyo. El PSOE adelantó las elecciones a 1996 y sacó mayoría absoluta, mientras IU perdía un buen número de diputados.

Pero la cosa no quedaría aquí, en 1996 IU le entregaría las alcaldías de Málaga y Córdoba al PP. El resultado de las elecciones había supuesto que aunque IU era la fuerza de izquierdas más votada, dependía del PSOE para poder formar gobierno. Éste ultimo se negaba a apoyar a IU y ¿cuál fue su reacción? Votarse a sí misma. El PSOE hizo lo mismo y el candidato del PP quedó investido como alcalde en ambos municipios. ¿Cabía hacer otra cosa ante la actitud del PSOE? Sí, en 1979, Herri Batasuna vivió una situación similar en el ayuntamiento de Pamplona, pues a pesar de ser la fuerza de izquierdas más votada el PSOE se negaba a respaldarles. Para evitar que ganara un alcalde de la derecha HB votó al candidato socialista, lo cual reforzó su apoyo en los barrios obreros de la capital navarra. Por muy comprensible que fuera la indignación ante la actuación socialista, nuestra acción no puede guiarse por el enfado sino por un análisis sobrio, coherente y una perspectiva que cuente con ganar el apoyo de las masas no sólo para “gobernar” si no, sobre todo, para transformar la sociedad. En lugar de volver en su contra la actuación del PSOE, tiramos piedras sobre nuestro propio tejado.

Igualmente en 1996, en Asturias, IU permitiría un gobierno de la derecha por negarse a respaldar al candidato socialista. Por cierto, que entonces era Gaspar Llamazares el coordinador de IU en aquella comunidad. De esa actuación, la más perjudicada siempre fue IU, pues en casos como el de Málaga pasó de ser la principal fuerza de la izquierda a quedar por detrás del PSOE.

Por supuesto, la dirección socialista utilizaba con cinismo la teoría de la “pinza”, pues nadie les superaba a ellos en material de acuerdos con el PP. Pero al tomar cualquier clase de acuerdo con el PP o permitir su acceso a un Gobierno, IU le daba un argumento precioso a Felipe González ante sus militantes y votantes. Actuando así, la dirección de IU cometía dos errores de bulto: por un lado, perdía la oportunidad de afianzar su voto en la época de más desarrollo de la organización y promovía la idea equivocada de que da igual que gobierne el PSOE que el PP. Por eso es necesario reconocer el fracaso de la teoría de las “dos orillas”.

Y es que cuando miramos hacia el PSOE no podemos meter en el mismo saco a dirigentes, militantes y votantes. Cometeríamos el error contrario a quienes interesadamente confunden esos términos para justificar pactos sin principios con la dirección socialista. Es cierto que su política es de aceptación total del sistema. Como se dijo en la V Asamblea: “La izquierda, globalmente considerada (fuerzas políticas, organizaciones sindicales, centros culturales y de pensamiento) tanto en Europa como en América Latina, han asumido los postulados neoliberales”. Pero el problema es demostrar a quienes entonces, y ahora, les votaban de que existe otra alternativa y que IU la tiene.

Precisamente, había que tener presente ayer y hoy, que el desarrollo de IU sólo puede hacerse a largo plazo a costa fundamentalmente del PSOE, pues para transformar la sociedad era imprescindible ganar el apoyo de la mayoría de la clase obrera de nuestro país y ésta votaba mayoritariamente, y vota, al PSOE. Por tanto, la política de la unidad de la izquierda era y es un asunto de vital importancia para el desarrollo de IU. Nuestra prioridad no es entrar a gobernar, sino desenmascarar a los dirigentes socialistas y convencer de la necesidad de una alternativa de transformación socialista de la sociedad.

El viraje hacia la “izquierda plural”

Las elecciones generales de 1996, a pesar de que IU obtiene más de dos millones y medio de votos y 21 diputados, fueron vividas como una decepción por una militancia a la que sus dirigentes habían convencido de que IU estaba cerca de sobrepasar al PSOE, el “sorpasso”. Pero los más desencantados eran esos mismos dirigentes, para los que la perspectiva de ser la fuerza “hegemónica” de la izquierda se revelaba claramente lejana.

Tras la derrota del PSOE y la entrada en la primera legislatura de Aznar, el panorama político cambiaba radicalmente. El PSOE desató una campaña contra IU acusándola de todos los males de la izquierda, a la que se prestaron tanto las direcciones sindicales como parte de los propios dirigentes, la parte que conformaba Nueva Izquierda, que no olvidemos tenían un peso enorme —desproporcionado— en los puestos de dirección e institucionales. Nicolás Sartorius, Cristina Almeida, López Garrido… entre otros, y la dirección de Iniciativa per Catalunya, se convirtieron en los portavoces abiertos de la postura de pactos sin principios con el PSOE y la renuncia a cualquier crítica a las direcciones sindicales. Fue la época del acuerdo entre el Gobierno de Aznar y los dos sindicatos mayoritarios, que el PSOE respaldó y que IU rechazó. Nueva Izquierda dio la batalla para que lo apoyáramos. Así mismo, donde dirigían la organización como era el caso de Galicia, entraron en las listas del PSOE.

El problema es que la postura de NI, aunque de seguirla nos conducía al desastre, se apoyaba en un hecho cierto: el fracaso de la teoría de las “dos orillas”. Era necesario reconocerlo y desarrollar una nueva política de unidad de la izquierda, ni oportunista ni sectaria. Con la derecha en el poder, y a corto plazo, sólo había una alternativa viable a los gobiernos del PP —que no fuera la mayoría absoluta del PSOE, claro— que eran coaliciones PSOE e IU. Así lo vería el conjunto de la base social de la izquierda. En estas condiciones particularmente, salía a relucir con especial virulencia el enfoque equivocado de la política de equiparar PSOE y PP. Necesitábamos un planteamiento que conectara con esa aspiración sin que implicara hacer dejación de la defensa de un programa de izquierdas coherente, y eso implicaba separar el apoyo en la investidura de la entrada en los gobiernos.

Pero en la V Asamblea no se hace un análisis crítico de la teoría de las “dos orillas”, ni se mencionan sus consecuencias prácticas en Andalucía o Asturias. Se planteó una política de unidad de la izquierda abstracta que, con ideas positivas sobre la necesidad de unidad de acción en la lucha, evitaba dar una respuesta concreta a qué hacer cuando no era posible un acuerdo de gobierno con respecto al candidato del PSOE. Aunque la mayoría no lo hicieran público, nuestros dirigientes estaban escaldados por el fracaso de la teoría de las “dos orillas”. Como la realidad no conoce el vacío, olvidaron las conclusiones de la V Asamblea y actuaron de forma pragmática. Si la perspectiva no era ganar la mayoría de la izquierda, para nuestra dirección parecía que sólo cabía la opción de entrar a formar parte de gobiernos de coalición.

Además del ascenso de la derecha al poder, en el terreno económico también se producía un cambio de enorme calado con el inicio de un auge económico que se prolongaría hasta nuestros días. Y, a la par, empezaba un proceso de desmovilización que duraría hasta mediados de la siguiente legislatura del PP. Una desmovilización propiciada por la política de pactos de las direcciones sindicales, y que abonaba las posturas más “socialdemócratas” y adaptacionistas al sistema, en el conjunto de la izquierda y también en IU.

Y otro factor más explica el viraje de nuestro dirigentes, el éxito por aquel entonces de la “izquiera plural” francesa. La experiencia francesa acabaría demostrando la inviabilidad de los pactos de gobierno sin una política coherente de izquierdas, pero entonces deslumbraba a nuestros dirigentes y a muchos militantes. Así que empezaron a aplicar, de facto, la política de NI de entrar en gobiernos a cualquier precio. Si con las “dos orillas” perdíamos de vista que no se puede confundir dirigentes con militantes y, aún menos con sus votantes, y brindábamos a la dirección socialista un argumento extraordinariamente útil contra IU, en el segundo demostrábamos un oportunismo que difícilmente podía granjearnos una autoridad política entre los votantes socialistas y que sí garantizaba el desaliento de nuestros militantes. Saltamos del fuego a las brasas.

Una crisis ideológica

Pero sería imposible enteder esta evolución sin prestar atención a la crisis ideológica que afecta al conjunto de la izquierda y, también, a IU. En una época de auge económico, el hundimiento del bloque soviético, y una fuerte desmovilización social, sólo un serio rearme ideológico y preservar un régimen interno democrático, con sólidas raíces en el movimiento obrero, podía servir de antídoto a la enorme presión del sistema. Mientras el socialismo era enterrado, una vez más, la ideología de la clase dominante, el pensamiento único, cogía ímpetu en la sociedad. En esas condiciones no cabía esperar un gran desarrollo de IU, pero se trataba de mantener la organización en las mejores condiciones para cuando el sistema volviera a entrar en una nueva época de crisis económica, social y política.

Desde luego, IU se nutría de las mejores ideas de la izquierda. En la V Asamblea lo decíamos con rotundidad, el principio fundamental de IU es “la lucha por la tranformación socialista de la realidad”. Señalábamos que “lograr una planificación democrática y descentralizada de la economía, basada en la satisfación de las necesidades del conjunto de la humanidad y compatible con la defensa de la naturaleza, sólo puede pasar de ser una buena idea a algo realmente posible si no olvidamos que ese objetivo es incompatible con la persistencia de la propiedad privada de unos pocos sobre los principales medios de financiación, producción y distribución”, y, en consonancia se planteaba que “es imprescindible la lucha presente y futura por el control público de sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, industria pesada, banca pública y cajas de ahorros”.

Veamos lo mucho que se ha recorrido desde esas ideas hasta las de Ángel Pérez, uno de los principales dirigentes federales de IU cuando defiende que «Hoy se encuentra fuera de discusión el papel crucial del Mercado como mecanismo de asignación, dinamización e innovación económica. Como mecanismo promotor de crecimiento y riqueza. Como pieza decisiva, imprescindible, de una economía moderna y dinámica». ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, entre otros motivos, porque no se le dio la importancia que merecía a las ideas. Los textos aprobados en las Asambleas se convertían, en palabras de algún dirigente de Madrid, en documentos “río” que todo lo admiten, incluso aunque sea contradictorio. Y, si no, simplemente no se publicaban o se ignoraban. Los documentos de la V Asamblea, celebrada en diciembre del 97, no se publicaron hasta el año 99 y lo hizo la FIM en un número de Nuestra Bandera. La teoría era algo despreciado, existía, como ya se dijo en la IV Asamblea Federal un divorcio entra ella y la práctica.

Valga de muestra como la VI Asamblea Federal aprobó una política sobre el conflicto vasco que, entre otras cosas, establecía que nunca entraríamos a formar gobierno con el PNV, y en semanas, la dirección federal cambió la decisión de la Asamblea. El derecho de autodeterminación ha sufrido constantemente la política de Alicia en el País de las Maravillas: “mermelada ayer, mermelada mañana pero nunca mermelada hoy”. Y así con una larga lista de temas de todo tipo.

Sin embargo, en el contenido teórico de los materiales de la V Asamblea podemos constatar la base ideológica de lo que habría de venir después. El “agujero” por el que el oportunismo se colaría lo daba la tesis que compatibilizaba mercado y socialismo: “Todo el socialismo posible, sólo el mercado necesario”. Esa idea, abstracta, introducía una gradualismo en la transformación social en el mejor tradición socialdemócrata. Bajo un régimen de democracia burguesa, esa propuesta, en el mejor de los casos, sólo podía llegar al modelo sueco de estado del bienestar hoy también en crisis. Incluso ese modelo es producto de unas circunstancias históricas que hoy no se dan. Pero el hecho crucial, aquí y en Suecia, es que no puedes tener un régimen socialista si la clase obrera no tiene el poder político, es decir si la democracia no es llevada hasta las últimas consecuencias. Y que la clase obrera tenga el poder político va unido a que las grandes fuerzas productivas sean socializadas, es decir que se cambien las relaciones de propiedad y dichas fuerzas sean públicas y controladas democráticamente por trabajadores y la mayoría de la sociedad. A eso se refería otro apartado de los documentos de la V Asamblea que citamos anteriormente de que el socialismo es incompatible con la propiedad privada de los grandes medios de producción. No basta con tener un amplio sector público, pues si este es controlado por el Estado burgués, estará puesto al servicio de la burguesía. Incluso hoy, lo público todavía pesa mucho en la economía de los países desarrollados, también en el estado español, pero está dirigido por individuos perfectamente integrados en el sistema, que pasan de lo público a lo privado sin ningún problema, y la lista de ejemplos va desde Martín Villa al reciente de David Taguas. Es más, el franquismo desarrolló un amplio sector público y nada hay más alejado del socialismo que ese régimen.

El mercado no nace con el capitalismo, pero alcanza su cenit con él. Su esencia es el intercambio entre productores privados y el capitalismo se erige bajo la propiedad privada de los medios de producción como primera ley inviolable. A partir de ahí, es posible explotar a la mano de obra “libre” convertida en mercancía. Aunque sea un mercado oligopólico, es inconcebible el capitalismo sin mercado y no es posible acabar con el capitalismo sin relegar el mercado a un plano muy secundario de la economía. Si el espinazo de la economía —banca, transporte, energía, grandes constructoras, grandes distribuidoras…— es público, el mercado queda convertido en un factor secundario de la misma y lo decisivo pasa a ser la planificación democrática de la economía.

Así pues, la idea de “todo el socialismo posible, sólo el mercado necesario”, en la práctica se traducía en aceptar que se podía encontrar una solución razonable bajo el capitalismo. ¿Dónde pones la frontera entre lo público y lo privado? La falta de un coherencia en la defensa del socialismo, también en el plano teórico, facilitó la penetración de las ideas del pensamiento único en la organización.

NI ya no estaba en IU pero sus ideas seguían firmemente ancladas. La práctica fue cada vez más cercana a la de la dirección socialista. Incluso en Madrid se ha llegado a justificar el apoyo a operaciones especulativas con el argumento de que parte de la ganancia repercutía en el erario público, como sucedió con motivo del respaldo del grupo municipal de Madrid-Ciudad y de la dirección regional a la Operación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y, en la práctica, hemos renunciado a defender el fin de los sitemas mixtos público-privados en la educación y en la sanidad. Como vemos, una vez aceptas la “economía de mercado” acabas asumiendo su dinámica y, en el mejor de los casos, te limitas a estar a la defensiva negociando la retirada.

Lo que eso revela es que, en última instancia, carecemos de un programa consecuentemente socialista por eso, a pesar de que en teoría defendemos acuerdos de gobierno exclusivamente en base a un programa, esto no supone ninguna garantía contra pactos oportunistas, pues éste en realidad es de geometría variable, es una mera suma aritmética de reivindicaciones sin trabazón interna. Al final el programa es el que las necesidades de la lucha por el poder demanda como más útil para alcanzar los acuerdos pertinentes. El socialismo se convierte en una declaración formal sin utilidad práctica. Lo que quieren hacer dirigentes como Pérez o Llamazares es acompasar la teoría a su práctica real.

El régimen interno

La crisis ideológica es indisociable de la evolución del régimen interno. Con unos estatutos y planteamientos democráticos muy avanzados sobre el papel, los derechos democráticos en la organización han ido convirtiéndose, en la práctica, en algo inexistente para el militante de base. Algunos dirigentes llegan a plantear que en IU hay tantos conflictos porque es democrática, pero la realidad es la contraria. No nos podemos conformar con que en otros partidos es peor. Lo cierto es que la minoría, los principales grupos institucionales —al menos aquellos con más “poder”— dirgien la organización, y no al revés. Para hacer una política adaptada a la democracia burguesa, acabas creando un régimen interno “burgués”, donde los derechos son formales y en la práctica se aplican en función de la fuerza que tienes. Esa dinámica no ha aparecido de repente, sino que hoy hemos llegado al final de un proceso que acompañó a IU desde sus inicios.

En la IV Asamblea, en 1994, ya se decía: “En una sociedad desmovilizada y con perfiles ideológicos bajo mínimos, el riesgo de “institucionalización” se transforma en un peligro cierto”… “Las leyes y reglamentos que determinan las reglas del juego en las democracias parlamentarias, sacralizan y dan primacía a la representación sobre la participación, pero a la vez establecen un control férreo sobre quienes ostentan aquélla, imponiéndoles unas pautas de conducta y de funcionamiento (lo “políticamente correcto”), de las que difícilmente pueden sustraerse. Antes al contrario, la tendencia será a imprimirlas a la propia organización”. Y hasta ahí hemos llegado.

No hay que mitificar el pasado. Nunca fue idílico, pues la base tenía pocas opciones reales de participar. Cuando en 1993 se celebraron primarias para elegir la lista al congreso de los diputados tuvieron un carácter consultivo, y de hecho, en Madrid, no se aceptaron sus decisiones —que dejaban en puestos de no salida a Nicolás Sartorius, Cristina Almeida y Pablo Castellanos—. Al final fue en el Consejo Político Regional donde se decidió la lista, incorporando a López Garrido y Almeida. En Madrid-Ciudad jamás tuvieron ocasión de escoger la candidatura municipal o determinar la política local sus afiliados, como sigue sucediendo hoy en día.

Pero, además, las grandes cuestiones políticas tampoco se debatían y decidían por el conjunto de la militancia, a pesar de que se tramitaban durante meses. Por ejemplo, en el llamado Código Penal de la Democracia, que se aprobó en 1995 con el voto favorable de IU se penaban con hasta tres años de Cárcel la actuación de piquetes “violentos”, las ocupaciones o se endurecían las condenas por pequeños hurtos. Un tema de ese calado debería haberse debatido en el conjunto de la organización.

Así mismo, la presencia en el Pacto de Toledo o en el Pacto Antiterrorista de Madrid nunca fue sometido a debate y discusión de la organización. Y con ellos, asumíamos que se podía buscar una solución para la defensa del sistema de pensiones públicas o al conflicto vasco de la mano, no del PSOE, sino de PP.

Igualmente sucedió cuando entramos a formar parte del Pacto de Lizarra, medida que respaldamos muchos compañeros, pero que nunca se debatió sino que se nos pesenteó como un hecho consumado. Cuando el proceso fracasó, por razones que no vienen al caso, muchos de los mismos dirigentes que respaldaron la entrada la consideraron un terrible error. Pero, aún hoy, seguimos sin haber tenido un debate a fondo, el conjunto de la organización.

De hecho, esa degradación de la democracia interna core paralela a la aceptación práctica del sistema en muchos terrenos. Baste reflexionar sobre por qué no se somete a debate o participación de la militancia decisiones como la de participar en la candidatura de Madrid a las Olimpiadas de 2012 —y ahora de 2016—, la operación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid o la entrada en el Gobierno vasco… pues porque posiblemente todas esas cosas no se hubieran podido llevar a la práctica si la militancia hubiera podido debatir y decidir al respecto. Por tanto, democracia interna y una política consecuemente socialista son inseparables, pues la ambas son parte indisoluble para que un proyecto transformador sea viable.

Se puede decir que nos hemos “institucionalizado”, que es una forma de decir que hemos sufrido un fuerte grado de integración en el sistema. ¿Cuál es el resultado final? Que los que han “institucionalizado” la organización han conseguido la peor representación institucional de la historia de IU. Esa paradoja demuestra que IU como mera fuerza dentro del sistema, domesticada, no es viable. Que su razón de ser, su lugar, que es real es otro.

Pero, curiosamente no toda la organización ha sufrido ese proceso, pues la inmensa mayoría de nuestra militancia, refractaria por naturaleza al sistema, no ha podido ser sometida a ese proceso. El problema es que cuanto más avanzaba ese proceso, más compañeros y compañeras iban abandonando la participación. Y eso es el resultado de que igual que la dirección fracasa en mantener la organización en unos años difíciles, tampoco nadie ha sido capaz de crear una oposición interna que mantuviese a la militancia participando, con una oposición paciente y consecuente, que se preparase para transformar IU conforme el cambio en la situación social lo hiciera posible. La tendencia ha sido a que la organización se fuera desangrando en sucesivas oleadas, con abandonos e incluso escisiones que hacían más fuerte al aparato dirigente y agravaban el problema. Entre las oposiciones a la dirección, que han sido muchas, hemos visto desde posturas desesperadas porque a corto plazo no conseguían los cambios necesarios, bien posturas oportunistas de quienes apenas alcanzaban una posición de poder reproducían los métodos y prácticas que se pretendía combatir. De esa experiencia también es necesario aprender de cara al futuro.

En conclusión

Esta no es una película de “buenos y malos”, sino que se trata de analizar un proceso vivo y complejo. Así pues, no podemos entender lo que ha pasado si no analizamos en conjunto la evolución de tres factores: la política de IU, el régimen interno y la situación social y política. Sólo si vemos esos tres factores de forma relacionada y dinámica podemos entender cómo hemos llegado hasta aquí y, lo que es más importante, buscar una salida a esta situación.

La época de crisis de la izquierda y de retroceso del movimiento obrero a escala internacional que hemos atravesado empujaba el barco de IU hacia los escollos de la integración en el sistema, independientemente de las buenas intenciones de sus dirigentes y militantes. Sin considerar eso no es posible entender qué ha pasado. Un cambio en la situación objetiva, con una recuperación de las luchas y del movimiento es un factor vital para la recuperación de IU. Ahora bien, si no aprendemos de los errores políticos concretos de estas dos décadas, tendremos todos los números para volver a tropezar en las mismas piedras. Y, por último, sin una escrupulosa democracia interna, no lograremos consolidar la participación de la militancia. Esas tres teclas son las que hemos de ser capaces de tocar “armoniosamente” para lograr el fin que perseguimos, convertir a IU en la alternativa de izquierdas que necesita el movimiento obrero.

Segunda parte

La Izquierda Unida que necesitamos

A la hora de formular nuestras propuestas no debemos sólo mirar hacia el pasado, sino que hemos de tratar de establecer una perspectiva razonable de qué le espera a la sociedad, en general, y a la clase trabajadora, en particular. La principal novedad que debemos tener presente es el inicio de una crisis económica que todos los datos auguran como muy seria. Tras casi quince años de auge ininterrumpido este es un cambio de extraordinario calado que marcará los acontecimientos en los años inmediatos. Desde luego, en última instancia, el auge ha sido un factor decisivo en la consolidación en el retroceso histórico de la izquierda en estos años pasados, por eso, su fin propicia un cambio en las condiciones económicas que parecían darle la razón a los defensores del “libre mercado”. Si durante los años de crecimiento las situación social ha distado de ser boyante para la mayoría de los trabajadores, los derechos laborales han retrocedido, han crecido las desigualdades y las dotaciones sociales están lejos de cubrir las necesidades, salta a la vista que la crisis supondrá llover sobre mojado. Por tanto, nos adentramos en un periodo sustancialmente distinto del que dejamos atrás, que necesariamente estará jalonado por serios conflictos sociales que abrirá nuevas dificultades pero también nuevas oportunidades para una fuerza como IU. Necesitamos dotarnos de la política adecuada para hacer frente a esta nueva etapa.

1. SOCIALISMO O CAPITALISMO

Izquierda Unida es una fuerza política radical pues pretende ir a la raíz de los problemas que sufre nuestra sociedad en busca de las soluciones. No endulza la realidad ni rinde culto a lo “políticamente correcto”, pues rechaza la política entendida como el arte de engañar a la mayoría en beneficio de los poderosos. Si se envían tropas a un país con la intención de controlar las fuentes del petróleo mundial, al precio de cientos de miles de vidas humanas e innumerables sufrimientos para millones, no lo llama “liberación” sino invasión. No acepta eufemismos cuando se nos habla de la más descarada explotación de los trabajadores, del saqueo del erario público en beneficio de las grandes empresas privadas o se arrasa el medio natural en provecho de esas mismas empresas. Si se recortan los derechos de los asalariados en cualquier lugar del mundo o se arrasa el medioambiente no se une al coro que lo justifica en aras de un falso progreso para todos, pues sabe que se trata justamente de lo contrario, del perjuicio de la mayoría para el beneficio de unos pocos. IU prefiere llamar a las cosas por su nombre.

Las desigualdades sociales y la destrucción del medio natural, con su secuela de guerras, conflictos y catástrofes sociales no son el producto de ningún castigo divino. Los informes anuales de la ONU o las consecuencias del cambio climático, dan fe del fracaso de las actuales políticas en acabar con esta situación que, por el contrario, se agrava año tras año. La globalización ha llevado la integración del mercado mundial y la concentración del capital hasta su máxima expresión. Nunca tan pocos habían sido tan ricos ni tantos habían sido condenados a la más dramática pobreza y explotación. Algunos individuos acumulan fortunas superiores al presupuesto de muchos países y un reducido núcleo de grandes multinacionales ejercen el poder efectivo entre las bambalinas de la política “oficial”.

Ahí está la raíz de los problemas de nuestra sociedad, la existencia del capitalismo, un sistema social fundado en la propiedad privada de los grandes medios de producción por una minoría, que explota el trabajo de la mayoría de la sociedad en beneficio propio. Y la alternativa a esta situación es el socialismo, entendido como la abolición de la propiedad privada de esa minoría sobre los grandes recursos productivos para proceder a la planificación democrática de la economía. Socialismo y plena democracia es la propuesta de IU.

En el capitalismo, todo está supeditado a la ganancia y a su acumulación creciente. La consecuencia de esa dinámica es la “financiarización” de la economía, pues la forma última del capital es el dinero, que se encarna en el control de la banca sobre las fuerzas productivas y la generalización de la más monstruosa especulación a escala planetaria. La mejor prueba de ello la tenemos en la llamada “crisis de las subprime” que está sacudiendo al planeta entero. El desarrollo capitalista se ha re­ve­lado cada vez como un crecimiento cancerígeno para la propia sociedad y la vida planetaria.

¿Cómo definir el socialismo a principios del siglo XXI? La sociedad ha generado los medios para resolver los problemas sociales existentes, pero es necesario cambiar la estructura social para hacerlo. La injusta distribución de la riqueza y la degra­da­ción del medio natural sólo puede terminar si se cambia el modo de producir. Por eso no creemos en aquel viejo aforismo del dirigente socialista francés Jospin: “econo­mía de mercado sí, sociedad de mercado, no”.

El afán por acrecentar constantemente sus ganancias, estimulado por la competencia entre los distintos capitalistas, hace del sistema un inmenso acumulador de “valor de cambio”, cuya expresión última es el dinero. El sistema es un devorador nato de trabajo humano y recursos naturales, necesita un constante crecimiento de la producción para aumentar la masa de productos y fomentar el hiperconsumismo más desaforado para realizar su ganancia. El origen de la ganancia es la explotación del trabajo humano, por eso es imprescindible la separación de los trabajadores de la propiedad de los medios de producción convirtiéndolos en meras mercancías regidas por la ley de la oferta y la demanda. De ahí la insistencia en abaratar los costes de despido, reducir la protección social, eliminar derechos, precarizar el empleo. De ahí la “obsesión” por las priva­tizaciones. No es una manía doctrinaria, sino el más esencial interés del capitalismo que busca constantemente nuevas esferas de negocio y mano de obra abundante y barata. Por eso las desigualdades sociales, ni el deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente , dejan de crecer.

La única forma de superar eso es mediante la socialización de la propiedad de las principales empresas mundiales y, en primer lugar, del sistema financiero. No hay otra forma de que los trabajadores puedan acceder a la “propiedad” de los medios de producción. No hay otra forma de regular la economía en función de las necesidades sociales y cambiar el modelo de desarrollo por otro ecológicamente viable.

En resumen, es el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas contem­porá­neas, y sus consecuencias a escala mundial que su uso tienen tanto para las personas como para la vida, lo que impide que estas puedan seguir supeditadas a la gestión de una minoría. Sólo hay una alternativa viable al capitalismo, la planificación democrática de la economía y eso implica abolición de la propiedad privada de las grandes fuerzas productivas. Tal ha sido, y es, la definición última del socialismo: transformar en propiedad social lo que ya es producto de la labor social de millones de seres humanos en todo el planeta.

Ninguna medida es viable por si sola en un país aislado, aunque necesariamente siempre empezarán por un país, la meta del socialismo sólo puede alcanzarse plenamente a escala internacional. Frente a las organizaciones económicas y políticas de la burguesía a escala mundial, y el expolio mundial de los países pobres por las grandes potencias, es necesario reivindicar la unión solidaria de los pueblos y el establecimiento de una real colaboración económica, que garantice una vida digna, con derechos sociales y democráticos a toda la Humanidad.

Por supuesto, una planificación de la economía sólo funcionará si está sometida al control democrático, pues de lo contrario, una nueva élite burocrática se erguirá sobre las espaldas de un nuevo sistema, reproduciendo muchos de los problemas que queremos evitar y creando de nuevos. Hay que aprender de la experiencia de la URSS. Socialismo y democracia sólo pueden desarrollarse plenamente si van unidos, el uno sin la otra están abocados al fracaso. Igualmente, una planificación burocrática de una economía moderna y menos el modelo sostenible, necesa­riamente ha de ser profundamente descentralizada. Los medios técnicos que hoy usan las multinacionales para planificar su actividad a escala mundial, la tecnología que se emplea en la monstruosa especulación de las bolsas, que permite tener información en tiempo real de la actividad económica en cualquier rincón del mundo, será la base material para que los pueblos puedan transformar la economía en la organización racional y democrática de los recursos necesarios para la vida.

En definitiva, sobre este modelo de sociedad se pueden sentar las bases para otro desarrollo social, alternativo al del capitalismo. Para IU, la meta socialista es la columna vertebral de su programa, la idea que late tras cada propuesta.

2.    LA CLASE OBRERA, SUJETO REVOLUCIONARIO

“La historia escrita de la humanidad es la historia de la lucha de clases”. Hoy, cuando una minoría es dueña efectiva del mundo, esa afirmación es más vigente que nunca. Hoy más que nunca hay que entenderla como un hecho a escala mundial. Nunca había sido tan numerosa como ahora. Y tiene la fuerza decisiva para plantar cara al capital, pues es su acción decisiva para que funcione o se pare la economía mundial.

No tenemos una imagen idílica de la misma, ni ayer ni hoy lo fue. De Marx ya aprendimos que la competencia la desune, pero también que la lucha inevitable con la burguesía acaba uniéndola. El hecho no es ni siquiera lo que ella piensa de sí misma, sino su papel objetivo que acaba enfrentándola el capital. La discusión es cómo se dará ese proceso de toma de conciencia. La lucha del movimiento obrero nunca fue idílica, pero ha sido la fuerza motriz de los grandes cambios históricos desde la Comuna de París de 1871 y, sobre todo, desde la revolución rusa de 1917.

Hoy vive sujeta a enormes cambios: el crecimiento de nuevas y jóvenes clases obreras en los países emergentes, pero también ha aumentado su número en la inmensa mayoría de los países desarrollados, con nuevas capas de jóvenes y con un fenómeno, la inmigración —que no es nuevo—, que también está transformando la clase obrera mundial. Sin duda, tras estos fenómenos surgen problemas muy serios como es el racismo y la xenofobia —que no son nuevos— y que la clase obrera tendrá que aprender a superar, como hizo en el pasado.

Pero la primera tarea es dotarse de organizaciones que vuelvan a hacer del socialismo su meta. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los dirigentes de las organizaciones de la izquierda carecen de alternativa al sistema, al que han abrazado plenamente. Tras años de auge económico, crisis de la izquierda —con el fracaso de la URSS y de la socialdemocracia— y de desmovilización sólo la experiencia puede ir permitiendo a la clase obrera, especialmente a las nuevas generaciones de trabajadores, aprender en la dura escuela de la práctica. Pocas veces las direcciones sindicales y políticas habían tenido tan poca autoridad como ahora. El “todos son iguales” se ha convertido en un reflejo de esa crisis de las organizaciones tradicionales.

Pero a la clase obrera no le queda otra opción de futuro que volver a ponerse en pie. La tarea de una fuerza como IU es tratar de contribuir a esa recuperación y, sobre todo, prepararse para crear una fuerza de masas con una política socialista y de clase capaz de contribuir a que la clase obrera, en el futuro, lleve a buen puerto la tarea de transformar la sociedad.

¿Cuál es la base electoral de IU actualmente? El 70% de nuestros votantes son asalariados, he aquí la mejor corroboración de las fuertes raíces de nuestra organización en nuestra clase. Se trata de los sectores de asalariados mejor preparados, con mayor conciencia de clase y crítica con el sistema.

IU abogará por un cambio en la política actual de las direcciones sindicales, animando a la participación de los trabajadores en los mismos y defendiendo sus puntos de vista por los cauces democráticos de los mismos. Así mismo, IU será es la más firme defensora de que al programa de lucha por la transformación social se incorporen los derechos democráticos en su más amplio sentido: la no discriminación por razones de género ni de ninguna otra índole.

3.    UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA SOCIALISTA

Si en un terreno se han hecho tenues las diferencias entre “izquierda” y derecha es en el económico. Felipe González hizo célebre la frase de “no importa que el gato sea negro o blanco, mientras cace ratones”, asumiendo que en economía no hay políticas de derechas o de izquierdas. Hoy se nos da a elegir no políticas económicas sino gestores: Solbes o Rato. La consecuencia de esa concepción es que en esta materia siempre se ha actuado de la forma más conveniente para el capital, al menos en lo básico. Son legión quienes hoy defienden que la “economía de mercado” es el método más eficaz para el desarrollo económico, cuando la realidad misma pone en evidencia que su único “logro” es un brutal crecimiento de las desigualdades, de la concentración de capital, del deterioro de los servicios públicos y la proliferación espectacular de la especulación, mientras los traba­jadores sufren una explotación cada vez más salvaje y se arrasa el medio natural. Incluso las empresas pequeñas y medianas que pudieron medrar al calor del último auge, apenas se acerca la crisis son las primeras que empiezan a pagar la factura de la misma. Y para más colmo, la patronal —empezando por los especuladores de la vivienda— pide más apoyo público y “flexibilidad” laboral para exprimir más intensamente a los trabajadores.

Ante este panorama, sufrimos la falta de una alternativa económica de izquierdas real es una de las principales carencias de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, algo que las coloca, en el mejor de los casos, a la defensiva, una situación en la que sólo parece posible negociar el mal menor. Y, si aceptas la “economía de mercado”, acabas aceptando las ETTs, la moderación salarial, el empleo precario o la especulación urbanística. El mejor ejemplo nos lo brinda la dirección del PSOE.

IU no va a caer en esa dinámica, es consciente de la necesidad de una propuesta económica clara y concreta, que dé respuesta a los problemas que se le plantean a la clase obrera. Para ello hay que partir de un planteamiento diametralmente opuesto al dominante, al pensamiento único de la “economía de mercado”. El problema está en el capitalismo, cambiar de gestores no resuelve los problemas, y la alternativa económica de IU pone en cuestión desde la raíz el sistema, por que sabe que de lo contrario sólo fracasaría. El capitalismo no es la única opción posible. Con la crisis económica son legión quienes se aprestan a lamentarse de la falta de controles de las finanzas, pero de poco sirve quejarse si aceptamos la propiedad privada de los grandes medios de producción como algo inmutable, pues las principales decisiones sobre los mismos se decidirán en el ámbito privado. La piedra angular de la política económica que propone IU es la planificación de los recursos en función de las necesidades sociales y eso sólo es posible mediante el desarrollo de un sector público amplio y controlado democráticamente.

3.1    El desarrollo del sector público

El primer terreno para la ampliación del sector público lo ofrecen los servicios públicos que garanticen una sanidad, educación o servicios sociales suficientes y de calidad. El gasto público ya supone en nuestro país en torno al 40% del PIB, y en otros países europeos ronda o supera el 50%. Sin embargo, mucho de ese gasto va a parar a las arcas de empresas privadas, a través de un sin fin de contratas que alcanzan a todas las administraciones. ¿Por qué no se prestan la inmensa mayoría de forma directa, con personal público?

Pero la consolidación del sector público no puede detenerse ahí. Es imprescindible, para que pueda aplicarse una planificación democrática de la economía, la expropiación forzosa de los grandes accionistas de las principales empresas bancarias, de telecomunicaciones, transportes, energía, construcción y de los grandes propietarios de suelo urbano y agrícola. La realidad demuestra que, en última instancia, estos tienen más capacidad de determinar la política de las administraciones públicas que al revés.

Se trata de argumentar y popularizar una propuesta que, conforme la experiencia vaya demostrando que bajo la lógica del sistema no es viable resolver los principales problemas de la sociedad, se iría viendo como una alternativa necesaria por los trabajadores, por la que movilizarse.

El artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, establece que “la función social de esos derechos determinará su contenido, de acuerdo con las leyes” y que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos “sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. Además, la ley contempla la expropiación forzosa con las condiciones de que tenga una finalidad acorde con los intereses generales y que se indemnice con una cantidad que la administración estime justa. Hay que tener en cuenta, en el caso de los grandes accionistas, los enormes beneficios acumulados a lo largo de años ejerciendo como tales, y los perjuicios que su mala gestión ha ocasionado socialmente —degradación del medio natural, especulación y el consiguiente endeudamiento innecesario de millones de familias, deterioro de las condiciones laborales y de vida, e, incluso, deterioro de las cuentas públicas— nos llevaría a establecer una indemnización de carácter simbólico.

No  estamos hablando de las pequeñas o incluso medianas empresas, hoy por completo sometidas a las grandes y a sus previsiones de beneficios, sino lo que está sobre la mesa en esta discusión es el control que una minoría ejerce sobre bienes de enorme trascendencia económica y social. Se trata de introducir la planificación racional, bajo control democrático, en función de las necesidades sociales y de forma respetuosa con el medioambiente de lo que constituye la base sobre la que se edifica la vida de todas las familias de este país.

En realidad, muchas de esas empresas ya eran públicas anteriormente y rentables. Su privatización supuso la entrega a manos privadas de servicios que tienen un carácter vital para la sociedad. Una vez convertidas en empresas de titularidad privada queda imposibilitada cualquier posibilidad de que se gestión se haga primando el interés social, se sea respetuoso con los derechos de los trabajadores o el medioambiente e, incluso, que la misma sea transparente. Y, para colmo, se privó a la administración pública de una fuente de ingresos vital.

Rechazamos los argumentos que hablan de la necesidad de fomentar la “competencia” porque beneficia al “consumidor”, pues lo que sucede es que se crean oligopolios privados que, finalmente, se aprovechan de la necesidad de beber agua, tener vivienda, desplazarnos, disponer de electricidad, de comunicarnos… También rechazamos que esos servicios funcionen mejor en manos privadas, pues hay innumerables ejemplos lo contrario ya que necesariamente las empresas privadas buscan el máximo de ganancia no el mejor servicio.

Por supuesto, IU no propone crear un nuevo INI, como existía bajo el franquismo, si no convertir en pública la columna vertebral de la economía española para poder someterla a un control democrático por parte de las administraciones públicas, de los trabajadores y de los usuarios, a partes iguales. Se trata de hacer todo lo contrario de lo que sucede con la derecha, que somete todo lo público al control —en ocasiones literalmente— de las empresas privadas. Muchos de los altos cargos de la administración o de las entidades públicas están íntimamente relacionados con las empresas privadas —de las que provienen y a las que vuelven cuando cesa su actividad pública—. Así mismo se trata de acabar con el régimen burocrático que sufren los trabajadores públicos y democratizar la estructura interna en empresas y en la propia administración.

3.2    Trabajadores con derechos

La creación de ese sector público es la mejor garantía de respeto a los derechos laborales. En esta sociedad capitalista, la fuerza de trabajo es tratada como una mercancía más, que se pretende comprar al precio más bajo posible y exprimir hasta la última gota. Tras eufemismos como la “flexibilidad laboral” sólo late esa sacrosanta ley de un sistema que vive de explotar a los trabajadores. Su mejor arma para obligar a aceptar esa explotación es el desempleo que se ha convertido en algo crónico, que vuelve a crecer con la nueva crisis económica.

El desarrollo de un sólido sector público sería la mejor arma de la clase obrera para adquirir una posición de fuerza frente al capitalismo. Por eso hay que aunar la lucha por los derechos laborales a la defensa de un modelo económico alternativo, viable y necesario, frente al capitalismo real.

En primer lugar, IU reivindica que se cumpla la Carta Social Europea estableciendo el Salario Mínimo Interprofesional en 900 euros en todo el Estado, con complementos por Comunidad en función del coste de la vida. Hay que crear un sistema de medición del coste de la vida realmente objetivo, que sirva de referencia para el establecimiento de los salarios.

En segundo lugar, hay que poner fin a la precariedad eliminando todas las formulas de contratación basura, empezando por el cierre de las ETTS, y respetando estrictamente la causalidad: a tarea fija, puesto de trabajo fijo. Es necesario proceder a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que garantice los derechos de todos los trabajadores.

Por último, también hay que proteger el salario social de los trabajadores, para lo que es necesario convertir en derechos efectivos el acceso a la vivienda, al desempleo, a los servicios sociales para todos… Y eso sólo es posible con el desarrollo de un amplio sector público.

3.3    Un modelo sostenible ecológicamente

Así mismo, sólo con una planificación democrática de la economía socializada es viable lograr un modelo económico realmente sostenible en relación con el medio ambiente. Cambiar el modo de producción es la condición previa para cambiar el modo de consumo.

Tenemos un ejemplo rotundo en el terreno eléctrico. Por definición una empresa privada busca el máximo beneficio a corto plazo, por lo que de ningún modo pueden estar interesados en un modelo basado en la reducción del consumo, la descentralización de la producción y que además esté controlado democráticamente. Tres cuartos de los mismo sucede con respecto al territorio, mientras esté en manos privadas la capacidad de control y planificación queda limitada, pues siempre chocará con los intereses de los grandes propietarios privados.

No compartimos la máxima de que quién contamina paga, pues de lo que se trata precisamente es de evitar la contaminación. La planificación democrática de la economía pública permitiría diseñar un modo distinto de producción que cuantifique todos los costes y beneficios reales, sociales y medio ambientales. Eso posibilitaría un desarrollo integral del transporte público, otro modelo de ciudades e, incluso, otro modelo de producción agrícola. Las grandes empresas privadas siempre buscan la forma de eludir esas cuestiones pues sólo buscan el máximo beneficio.

3.4    Otra política económica internacional

Finalmente, el desarrollo de un sólido sector público en el Estado español obligaría y posibilitaría un cambio en nuestra orientación internacional, también en el terreno económico. La integración mundial de la economía a lo largo de estos años, hace impensable un proyecto socialista viable aislado en nuestro país. La diferencia es que mientras nuestra multinacionales se han dedicado a expoliar os recursos naturales de América Latina o el Magreb, a comprar empresas públicas privatizadas y, en definitiva, a poner las ganancias privadas por encima de las necesidades sociales, IU aboga por otra política económica.

Las nuevas empresas públicas propondrían convenios de colaboración con los pueblos —no con empresas privadas o gobiernos corruptos— en beneficio social mutuo, con exactamente los mismos criterios que se funcionaría en el Estado español: respetando los derechos de estos pueblos sobre sus propias riquezas, de los trabajadores y del medioambiente. Esa sería la mejor forma de combatir la necesidad de emigrar de la población de estos países.

Es más, habría que hacer un llamamiento a la clase obrera de los distintos países de la Unión Europea a promover su una nueva Unión en base a criterios socialistas y democráticos. Así mismo, habría que proceder a la invalidación en el Estado español de todas las medidas sociales y económicas de la UE que tengan carácter reaccionario.

Toda esta política chocaría frontalmente con los intereses de las grandes potencias capitalistas de todo signo, que emplearían todos los recursos a su alcance contra un gobierno de izquierdas que la desarrollase. Pero no nos cabe ninguna duda de que el ejemplo de un país del peso económico del Estado español, levantaría enormes expectativas e ilusiones entre los trabajadores de todo el planeta, como siempre ha sucedido. Nuestro ejemplo daría un nuevo impulso a la lucha internacional de la clase obrera y sería un estímulo inmejorable para hacer realidad la veterana consigna de Marx y Engels “Proletarios del mundo ¡unios!”.

3.5 PROPUESTAS

3.5.1   Medias para desarrollar los servicios públicos

- La elevación del gasto social hasta la media europea en el plazo de una legislatura. Es decir, incrementarlo en 70.000 millones de euros. Eso garantizaría los recursos necesarios para empezar a salir del subdesarrollo social.

- Reforma Fiscal con una máxima central “que pague más quién más tiene”. Reducción del IVA al 4% para todos los productos de primera necesidad. Nuevo Impuesto sobre la Renta con proporcionalidad absoluta en función de la renta y un tipo máximo del 50%. Equiparación del Impuesto de Sociedades al tipo máximo de la renta.

- Eliminación gradual, en el transcurso de una legislatura, de todos los sistemas concertados con empresas privadas, generando los medios públicos para garantizar su prestación directa. La primera medida a tomar sería realizar auditorías a todas las empresas concesionarias para comprobar el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales, los beneficios y las condiciones de los trabajadores. Dichos informes se harían públicos.

- Creación de empresas municipales de servicios sociales, con la debida dotación y de común acuerdo con la administración autonómica, que garanticen la atención pública. Para eso es imprescindible tanto la dotación de fondos suficientes a los Ayuntamientos, como una ley de derechos sociales mínimos para todo el Estado.

- Creación de empresas autonómicas para la construcción de vivienda pública y rehabilitación, con participación de los ayuntamientos. Las viviendas de protección pública sólo se otorgarán en régimen de alquiler, de cara a crear un patrimonio público suficiente. Ninguna vivienda debe permanecer vacía sin causa justificada, la administración debe actuar para velar y garantizar que se alquila a precios asequibles. Los procesos de urbanización siempre serán desarrollados directamente por las administraciones municipales, con participación democrática de las entidades vecinales y sociales. Se garantizará que todo el suelo público se emplea exclusivamente para vivienda protegida y dotaciones. Nueva ley del suelo que de a éste el carácter de un bien social, cuyo uso está supeditado a las necesidades sociales y al respeto del medioambiente.

- Creación de una Empresa Pública Estatal de Farmacia, como una parte más de la Sanidad Pública y vinculada a las Facultades públicas de medicina y Farmacia. Esta empresa sería la encargada de suministrar las medicinas que recete el sistema sanitario público. Eso permitiría abaratar decididamente el costo farmacéutico del mismo y abriría la puerta a convenios de colaboración con otros países para desarrollar proyectos de medicina públicos realmente útil para afrontar las principales enfermedades que afectan a la población mundial. Las patentes de sus medicamentos serían gratuitas para empresas públicas sanitarias de países democráticos.

3.5.2   Creación de un sector público económico

- Expropiación forzosa de los principales accionistas de los bancos españoles. A los pequeños accionistas se les permitiría optar entre seguir como tales o recibir una indemnización adecuada.

-  Transformación efectiva de las Cajas de Ahorros en una Banca social, que dedique el 75% de sus beneficios a inversiones sociales —bajo supervisión de las administraciones públicas y entidades sociales—, así como renunciar a las inversiones especulativas.

-Apertura de un proceso de unificación en un solo ente público de bancos y de Cajas de ahorro.

- Supresión del secreto bancario así como la utilización de paraísos fiscales, cuya abolición se reclamaría.

- Expropiación forzosa de los mayores accionistas y propietarios de las principales empresas privadas de Telecomunicaciones, Energía, Transportes, grandes distribuidoras comerciales, suministro de Agua y grandes latifundios.

- Todas ellas, en su sector, se unificarían en una sola entidad pública en el ámbito territorial que les correspondiera por sus características, y su gestión quedaría sometida al control de una comisión con representantes de la administración, de sus trabajadores y de los usuarios.

- La líneas generales del plan económico, con carácter cuatrienal, serían elaboradas un nuevo Ministerio de Planificación económica y las Consejerías consecuentes de las distintas comunidades, con la participación de los Consejos Económicos y sociales, y sometidos al debate y aprobación del Parlamento estatal y de los parlamentos autonómicos. La ejecución de dicho plan debería ser plenamente descentralizada de cara a hacer viable tanto el control democrático en todos los niveles como la realización efectiva del mismo. Anualmente se revisaría su ejecución en los Parlamentos, en el mismo proceso de aprobación de los presupuestos generales.

- Creación de una Red pública de servicios de distribución de mercancías, mediante consorcios entre administraciones autonómicas y municipales. Evitar la especulación, garantizar un pago justo a los pequeños productores y fomentar un consumo racional y sostenible.

4.    UNA REPÚBLICA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA

El Estado no es un órgano neutral, sino que tiene un carácter de clase. Los altos funcionarios del Estado tienen enorme vínculos con las grandes multinacionales. Eso es una realidad a escala mundial, basta ver los lobbyes de la UE o el Estado norteamericano, pero también en nuestro país, ¿quiénes dirigen las grandes empresas privadas y los principales puestos de decisión en el poder? Tenemos el reciente ejemplo de David Taguas, exasesor de la Oficina Económica del Presidente y hoy representante de la patronal de la Construcción. Pero podríamos citar innumerables ejemplos de los vínculos de las grandes empresas con los altos cargos del Estado.

Nosotros abogamos por una república. No estamos de acuerdo con la existencia de instituciones de gobierno no electas como la monarquía. Pero no idealizamos la república: EEUU es una república. No basta, tiene que ser una república socialista y democrática:

- Reivindicamos la supresión de la monarquía y su sustitución por una República basada en el desarrollo de un amplio sector público que posibilite una planificación democrática de la actividad económica en función de las necesidades sociales, para que los derechos sociales dejen de ser una mera declaración formal como sucede hoy con nuestra constitución.

- Una República que garantice el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas en todos los terrenos: de asociación, manifestación, reunión, huelga… que cada día se ven más recortados.

- Una República que reconozca los mismos derechos democráticos y sociales para todos los que viven y trabajan en ella, sin discriminación por ningún motivo.

- Una República democrática que respete el derecho de los distintos pueblos que hoy componen el Estado español a separarse de la misma, para conformarse en un Estado Federal de libre adhesión.

- Una República que democratice la Justicia mediante la elección democrática de los tribunales, la supresión de la Audiencia Nacional, y que arbitre los medios suficientes para que aquellos estudiantes que demuestren las aptitudes suficientes puedan tener el apoyo suficiente para preparar el ingreso en la carrera judicial.

- Una República que democratice el Ejército, mediante el derecho a la libre sindicación de los soldados, que someta a control de las entidades sociales la formación en las academias militares y que garantice el carácter defensivo del ejército y de institución al servicio de los derechos del conjunto del pueblo.

- Una República que ponga fin a cualquier ocupación o intervención militar de otros pueblos.

- Una República que rechace la colaboración con regímenes autoritarios, que los denuncie implacablemente, que renuncie a aplicar cualquier forma de expolio económico y que colabore con los pueblos para la consecución de los derechos democráticos y sociales de los mismos.

5.    POR UN NUEVO PROCESO DE PAZ

Llamamos a la proclamación de un nuevo proceso de paz, pues es la única vía para una solución efectiva del conflicto vasco. Sin embargo, no basta con proclamarlo, es necesario plantear las medidas políticas capaces de hacerlo posible y por las que debemos movilizarnos.

Exigimos a ETA que deje definitivamente las armas, cuya actuación rechazamos de plano, pues lejos de servir a la causa del pueblo vasco, sólo provoca sufrimiento y excusas para la conculcación de los derechos democráticos.

Dicho eso, somos conscientes de que no podemos equiparar a ETA con el movimiento abertzale. No estamos ante un mero problema de delincuencia, el terrorismo, por muy condenable que sea, no deja de ser una expresión extrema de un problema político real, que sólo puede resolverse mediante medidas políticas. La clave de la solución del problema reside en crear las condiciones que hagan inviable el apoyo político de un sector de la población al terrorismo de ETA, lo que es y ha sido siempre la clave de su supervivencia.

Para ello es necesario exigir el respeto escrupuloso a todos los derechos democráticos. La democracia se defiende con más libertad, no conculcándola, por lo que proponemos que se abra un diálogo entre todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, para avanzar en todos estos temas:

-  El traslado de todos los presos a cárceles en el País Vasco, tal y como reconoce la legislación actual, así como el respeto a todos los beneficios penitenciarios que les reconoce la ley.

-  La derogación de la Ley de Partidos. Ninguna fuerza política puede ser ilegalizada por lo que dice o no dice, no podemos aceptar que a nadie se le condene por sus opiniones políticas. Medidas como las aplicadas en el proceso 18/98, el cierre de Egunkaria, etcétera, sólo sirven para reforzar las tesis de los duros en el movimiento abertzale.

-  Supresión de las competencias en materia de terrorismo de la Audiencia Nacional. Tiene que dejar de ser un tribunal de excepción para ser un tribunal especializado en materias de narcotráfico, estafas económicas y otras materias a determinar. Democratización de la Justicia, garantizando el derecho al Juez natural así como la elección democrática de los mismos.

-  Establecer la forma de ejercer el derecho de autodeterminación, es decir, reconocer al pueblo vasco el derecho democrático a decidir el grado de vinculación que desea mantener con el resto del Estado español.

-  Deben tomarse las medidas de apoyo social y material a las víctimas del terrorismo, pero rechazamos su manipulación interesada por parte de la derecha para lograr sus fines políticos.

Todas estas medidas deben ser el producto de la discusión entre los representantes del pueblo vasco para que éste tome la decisión definitiva. IU no es partidaria de la independencia, sino que aboga por un Estado federal, democrático, republicano y socialista, pero entiende que a ningún territorio se le puede obligar en contra de su voluntad a pertenecer el mismo, sopena de alimentar nuevos conflictos.

También somos conscientes de que esta política no sólo chocará contra los sectores más duros del movimiento abertzale y ETA, sino que encontrará la más férrea oposición por parte del la derecha española que se opone al derecho de autodeterminación frontalmente, aún a costa de seguir alimentando la lacra del terrorismo. En el pasado, la falsa política de “demócratas” contra “violentos” ya fracasó precisamente porque el PP se negaba a avanzar por cualquier vía que pretendiera dar una salida política y democrática al conflicto, como sucedió con el fracasado pacto de Ajuria Enea. Por eso, creemos que el PP no puede ser parte de la solución a este conflicto sino que es parte del problema, y que es necesario promover en todo el Estado una gran movilización por la paz.

El último proceso de paz fracasó sin duda por la reacción de ETA atentando en la T-4 de Madrid, pero también por el boicot activo de la derecha política y judicial española, así como por la incapacidad del Gobierno socialista de tomar medidas efectivas en el sentido que indicábamos antes, que hubieran hecho muy difícil la vuelta atrás y hubieran reforzado el proceso de paz y la movilización en su apoyo en todo el Estado. Debemos trabajar por lograr un nuevo proceso de paz y conducirlo a buen puerto.

6.    UNIDAD DE LA IZQUIERDA ¿CÓMO PLANTEARLA?

La tarea de IU es primero consolidar su propio apoyo, pero es imposible que tenga futuro si no es capaz de desarrollar una política de la unidad de la izquierda capaz de hacer frente a la derecha, pero, al mismo tiempo capaz de desenmascarar a los dirigentes del PSOE ante sus propios votantes. Esa es la finalidad de la política de unidad de la izquierda, no tener ministros ni buscar atajos para crecer, sino demostrar que somos los más coherentes tanto en la lucha contra la derecha como en la defensa de una política realmente de izquierdas, ambas cosas son indisolubles, pero hacerlo es un arte.

El futuro de IU depende de su capacidad para ganar el apoyo de la mayoría de la clase obrera, hoy votante socialista. No podemos tener posturas abstractas. En la mayor parte de las ocasiones, claramente en unas generales, la única opción real frente a la derecha sería un gobierno PSOE-IU, salvo que el primero tenga mayoría absoluta.

IU planteará, en las próximas elecciones generales, la formación de un gobierno de coalición con el PSOE, en torno al siguiente programa básico:

- EMPLEO BIEN REMUNERADO Y ESTABLE. Elevación del SMI al nivel que establece la Carta Social Europea de forma inmediata y subidas anuales de los salarios en función del aumento del coste real de la vida. Eliminación de todas las formas de contratación precaria y las Empresas de Trabajo Temporal, para que se respete estrictamente el principio de causalidad. Reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas sin merma salarial. Respeto de los derechos laborales y democráticos de todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, razo o sexo.

- CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Incremento del gasto social hasta la media europea en esa legislatura como primer paso para que éstos sean acordes con las necesidades reales. Supresión de los sistemas concertados con la privada en todos los servicios públicos, especialmente en Sanidad, Educación y Servicios sociales. Democratización de la gestión de dichos servicios. Garantizar la descentralización y recursos suficientes a todos los Ayuntamientos para la prestación de los servicios públicos y sociales.

- ELABORACIÓN DE UNA CARTA DE DERECHOS SOCIALES que garantice su respeto en todos el Estado español.

- APERTURA DE UN NUEVO PROCESO DE PAZ que, partiendo del respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos y a todos los derechos democráticos, busque una solución política y duradera al conflicto vasco.

- CIERRE DE LAS BASES MILITARES DE LA OTAN Y FIN DE LAS INTERVENCIONES MILITARES en otros países.

Inspirándose en estos criterios, se formularán propuestas similares en todos los ámbitos correspondientes, autonómicos o municipales, teniendo en cuenta las revindicaciones más importantes que puedan conectar con las necesidades inmediatas de la mayoría de la sociedad. La discusión de estas medidas se haría públicamente, con luz y taquígrafos.

Si la dirección socialista rechaza nuestras propuestas, en lo sustancial, IU no formaría parte de ningún gobierno conjunto, limitándose a dar su apoyo en la investidura si es necesario para impedir un posible gobierno de derechas.

7.    UNA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA

No se trata de escuchar “más” a la base, ni de que pese “más”. Se trata de que sea democrática: y aquí no existe término medio. En nuestra organización siempre han pesado más los dirigentes institucionales que la militancia, y eso tiene que cambiar radicalmente, siguiendo la máxima de nuestros estatutos.

- Respeto escrupuloso a los derechos democráticos de la militancia y del carácter soberano de la asamblea, tal y como recogen nuestros estatutos. Situaciones como las que sufren los militantes de Madrid-Ciudad, Salamanca, Cantabria, Asturias… son inadmisibles y deberán reformarse los Estatutos tanto federales como de federaciones (ejemplo de IU-CM respecto a Madrid-ciudad) para respetar sus derechos.

- Los grupos institucionales tendrán siempre la obligación de respetar las decisiones tomadas por los órganos políticos de la organización en el ámbito correspondiente, al que deberán mantener puntualmente informado de todo lo que afecta a su actividad.

- La labor de los coordinadores/as de la organización, en los distintos niveles, será incompatible con la pertenencia a grupos institucionales, pues su tarea central tiene que ser la organización y no la labor institucional. Esto es especialmente relevante en el caso de la coordinación general, que debe separarse de encabezar la candidatura electoral.

- Las decisiones políticas de más envergadura, por decisión de la dirección o a propuesta de un determinado número de militantes o asambleas en los ámbitos correspondientes, serán sometidas a debate y refrendo del conjunto de la militancia, cuya decisión tendrá carácter vinculante. En el caso de posibles acuerdos de gobierno, siempre serán sometidos a debate y decisión de la militancia del ámbito correspondiente, teniendo ésta la última palabra.

- La elección de representantes electos será siempre precedida de una discusión programática previa realizada de forma democrática y decidida mediante la celebración de conferencias con delegados proporcionales, que defina la política a defender por nuestra organización en el ámbito correspondiente, para posteriormente, mediante el procedimiento de primarias —modelo País Valencià— elegir las candidaturas.

- Los salarios de los cargos institucionales, así como sus aportaciones a la organización, serán conocidos por el conjunto de la organización, estableciendo la militancia una cuantía máxima a percibir, de tal forma que el desempeño de una responsabilidad institucional nunca sea un privilegio sino un servicio a la militancia y a la clase trabajadora.

- Las direcciones de la organización, en todos los ámbitos, rendirán cuentas anualmente del estado de las finanzas, siendo éstas accesibles a todos los militantes, así como a aprobar los presupuestos previstos. Es necesario hacer planes económicos viables y realistas que impidan que la organización esté en manos de las instituciones y de la banca, de forma que sólo tenga que responder ante los afiliados, cuyas aportaciones y labor debe ser la principal fuente de sustento económico.

- En todas las Federaciones se creará una comisión de censos plural que revise y actualice los censos, garantizando que estos se correspondan con la realidad. El pago de las cuotas, por banco o en efectivo, deberá hacerse de forma personal e indelegable.

- La experiencia nos ha enseñado el riesgo que tiene para nuestra organización la creación de grandes aparatos de liberados que, independientemente de las buenas intenciones que los animen. Por eso, el número de personas que se contraten para el trabajo de la organización, debe ser discutido a fondo por el conjunto de la misma, garantizando que no se sobredimensionan los aparatos y que son viables económicamente. Deberá garantizarse los derechos laborales de todos las personas que trabajen para la organización y también el mantenimiento de una cualificación profesional que evite hacerles dependientes del desempeño de esos trabajos. Habría que estudiar fórmulas de rotatividad en el desempeño de esas tareas.